Garantizar los derechos de la población debe ser la prioridad del Estado y una de las principales herramientas de política pública que tiene para lograr ese objetivo es el presupuesto público. El 30 de septiembre es la fecha límite para que el Ejecutivo presente a la Asamblea Legislativa el Proyecto de Presupuesto General del Estado para 2024. Este proyecto no solo se trata de cifras y balances financieros, es una oportunidad para poner en el centro los derechos de las comunidades y de la naturaleza.
En este contexto, hacemos un llamado enérgico a las autoridades y a las fracciones legislativas, para que la discusión del presupuesto sea transparente y accesible a todas las personas. Exigimos la publicación de todos los documentos relacionados con el presupuesto y la creación de mecanismos que permitan la participación ciudadana efectiva en la toma de decisiones presupuestarias. Reconocemos que las voces de las comunidades, de las juventudes, de las mujeres, de los pueblos indígenas, deben ser escuchadas y valoradas.
Es fundamental que las prioridades del presupuesto para 2024 deben reflejar un compromiso firme para enfrentar desafíos urgentes como el aumento de la pobreza, la crisis climática, la soberanía alimentaria, la protección y gestión participativa del agua y la naturaleza, que el Estado asuma su papel en la corresponsabilidad de los cuidados.
La política fiscal tiene un impacto significativo en las vidas de las mujeres y niñas, y es esencial que el presupuesto refleje un compromiso real con la igualdad de género. Además, es crucial que las partidas presupuestarias estén en línea con la protección y gestión participativa de nuestros bienes comunes naturales. La sustentabilidad ambiental debe ser un pilar fundamental en la toma de decisiones presupuestarias.
Las asignaciones presupuestarias presentadas deben ser sinceras. Asignar montos altos a áreas sensibles como salud para usarlo en el discurso, pero recortarlas en ejecución es una práctica que se debe eliminar. Como el caso de los Hospitales Nacionales este 2023, que hasta agosto, ya acumulan recortes de $50.5 millones.
En esta discusión, es importante considerar que el Estado mantiene un impago con la deuda de pensiones, que ha realizado diferentes gestiones para aplazar el cumplimiento de sus obligaciones, particularmente con la banca local, y ya acumula un endeudamiento de $8,896.8 millones hasta junio de 2023. Por lo tanto, en el Proyecto de Presupuesto 2024, seguir endeudando al país no sería una medida responsable y lo mínimo que se debería de esperar del Proyecto es que la brecha de financiamiento sea cero, sobre todo porque proyectos de infraestructura anunciados por el gobierno ya tienen préstamos aprobados.
Instamos a las instituciones a que retomen estas demandas y trabajen por un presupuesto que beneficie a las mayorías, sin comprometer el futuro del país. Las decisiones en materia fiscal deben recoger los sueños y aspiraciones de las comunidades, de los territorios, de la población.
La participación ciudadana activa es esencial para garantizar que el presupuesto sea una herramienta de justicia, equidad y sostenibilidad para la defensa de la rebelde alegría.
Panorama Económico 