La expansión del virus COVID-19 a través del mundo está poniendo en riesgo la salud de las personas, y son las personas que sistemáticamente han sido vulneradas y excluidas quienes se encuentran en mayor riesgo. En estos momentos, es importante actuar desde la solidaridad, desde la empatía y la sensatez.
Exhortamos a el Gobierno de El Salvador a actuar con responsabilidad ante la situación. Es necesario establecer mecanismos formales de información oficial, con amplios canales de difusión, teniendo en cuenta la brecha tecnológica.
Reconocemos también que muchas de las medidas de precaución tendrán un impacto en la economía de las familias y que no todas las personas podemos cumplir una cuarentena voluntaria, debido a la incidencia de pobreza e informalidad en El Salvador. Además, que estas medidas afectarán particularmente el Trabajo del Cuido, que mayoritariamente es asumido por mujeres y las personas mayores tradicionalmente excluidas de los sistemas de protección social.
Por tanto, proponemos 7 medidas que el Estado puede tomar durante los próximos 30 días, con el objetivo de aminorar el impacto en la economía de las medidas de cuarentena, aislamiento social y paro de labores. Son medidas temporales de emergencia, que deberán estar acompañadas con un posterior programa de transformación de largo plazo, un esquema de inversión pública bajo enfoque de derechos sociales y gestión comunitaria, que debe estar fundamentado en la participación ciudadana y transparencia en su formulación y ejecución.
El esfuerzo fiscal de estas medidas asciende a los $263.3 millones y beneficiaría a 200 mil trabajadores y trabajadoras formales, 30 mil micro y pequeñas empresas y 500 mil personas mayores de 60 años. Del monto total, $83.3 millones serían gasto tributario, es decir, ingresos que el Estado dejaría de percibir por exenciones fiscales. Lo que efectivamente deberá ejecutar son $180.0 millones en transferencias a hogares, adultos mayores, municipalidades y MyPES.
De manera complementaria, es importante conformar un fondo de garantía soberana con condiciones de acceso flexibles, para facilitar el financiamiento al sector informal que queda expuesto al paro de la actividad económica.
Estas medidas pueden ser financiadas a través de un Acuerdo de Moratoria del 65% del pago de obligaciones por servicio de la deuda para el ejercicio 2020 con el Banco Mundial, BCIE y BID. Esto liberaría $265.3 millones del Presupuesto General del Estado, que además permitiría destinar un fondo de $2 millones para la implementación de las medidas.
La situación actual ha demostrado la importancia de la actividad del sector público para la garantía de derechos. Han sido los sistemas sanitarios públicos que han respondido a la crisis. Será necesaria la actuación eficaz del Estado, como representación institucional de la actividad colectiva, para afrontar los impactos económicos que se generarán. Reconocemos que estas medidas propuestas solo representan un enfoque de atención de la emergencia y nos llama a hacer transformaciones profundas que nos permitan cambios estructurales de largo plazo en la economía del país.
1 – Tasa 0% para IVA en alimentos y medicinas
En estos momentos, el gasto de los hogares en alimentación y medicamentos debe ser prioritario. Sobre todo, tomando en cuenta las dificultades que se enfrentarán frente a medidas de aislamiento social. El gasto mensual de los hogares en alimentos y medicina asciende a $212.4 millones, es decir que 30 días con tasa de 0% de IVA implicaría una renuncia de ingresos por el Estado de $27.6 millones y permitiría tener impacto en la capacidad adquisitiva de los hogares durante la emergencia.
2 – Suspensión del pago del Impuesto Sobre la Renta a Micro, Pequeñas y Medianas empresas
Las medidas de aislamiento social, restricciones a la circulación y cierre de locales generará dificultades para la sostenibilidad financiera de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Una medida para aliviar el estrés financiero es la exención durante 30 días del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a personas jurídicas identificadas por el Ministerio de Hacienda como Medianos y Pequeños Contribuyentes, siempre que demuestren haber cumplido con el pago de planilla. Esta medida implicaría un sacrificio de ingresos de $35.3 millones para el Estado.
3 – Suspensión del pago del Impuesto Sobre la Renta a Personas Naturales No Asalariadas
(Pequeños y Medianos Contribuyentes)
Debido a la estructura económica del país, mucha de la actividad económica no se genera en las empresas, sino en el ejercicio individual de labores remuneradas de manera autónoma, quienes verán reducida su dinámica económica debido a las medidas de prevención y contención. Por tanto, proponemos exención del pago del ISR por 30 días a pequeños y medianos contribuyentes que entren en esta categoría. Esto significaría una pérdida de ingresos para el Estado de $20.3 millones.
4 – Subsidio a Micro y Pequeñas empresas para el pago de salarios menores a $500
La reducción de la actividad económica tendrá un impacto alto en las Micro y Pequeñas Empresas (MIPES) que dependen de la dinámica diaria de las operaciones. Esto tiene efectos también en las personas que laboran en las empresas, que pueden tener riesgo de atrasos en el pago de sus salarios.
Para asegurar que los trabajadores y trabajadoras reciban sus salarios en tiempo y que les permita asegurar recursos para enfrentar el periodo de emergencia, proponemos un subsidio a MIPES (hasta 50 empleados) para el pago de planillas de un mes, con un fondo administrado por el Ministerio de Economía.
Esta medida podría beneficiar a de cerca de 200 mil trabajadores y trabajadoras y alivia la presión financiera de alrededor de 30 mil MIPES. El costo fiscal de esta medida sería de $70.7 millones.
5 – Suspensión del pago de Tasas en Mercados Municipales
El movimiento de los mercados municipales es un potencial foco de propagación del virus. Sin embargo, es uno de los principales dinamizadores de las economías locales, principalmente para mujeres dedicadas al comercio informal. Las medidas de prevención y contención del virus indudablemente afectarán las actividades comerciales de los mercados municipales. Por tanto, proponemos la suspensión temporal del pago de tasas en los mercados municipales.
Según estadísticas de los ingresos de municipalidades en el Portal de Transparencia Fiscal, el ingreso generado en concepto de tasas municipales en mercados, por las 262 alcaldías en el mes de abril de 2019 fue de $1,044,942.11. Ese monto puede ser transferido por el Ejecutivo como compensación a las municipalidades, para que las y los usuarios de los mercados municipales vean liberado ese pago.
6 – Transferencia directa de $50 a hogares por cada estudiante matriculado en Centro Educativo Público
Una de las primeras medidas anunciadas para la prevención del COVID-19 fue la suspensión de clases en los centros educativos. Esta medida impacta en las familias, en la medida que los niños y niñas se mantienen en los hogares, pierden los beneficios de los Programas de Alimentación Escolar que para muchas familias son la oportunidad de lograr una adecuada alimentación. Además, la suspensión de actividades educativas recarga las labores del Trabajo del Cuido, que es mayoritariamente asumido por mujeres de forma no remunerada.
Proponemos una transferencia directa de $50 por cada estudiante menor de 18 años matriculado en los Centros Educativos Públicos, para compensar una alimentación adecuada y reconocer, mínimamente, el Trabajo del Cuido que será asumido. Esta transferencia puede ser efectuada a través de los mismos centros escolares, en acción articulada con las direcciones regionales y departamentales del MINED. Son cerca de 1.2 millones de niños, niñas y adolescentes en centros escolares oficiales, lo que implicaría una erogación de $59.2 millones.
7 – Transferencia directa de $100 a personas mayores de 60 años sin cobertura de protección social
En esta emergencia, las personas con mayor riesgo de afectaciones graves son las personas mayores. En las medidas anunciadas, son las personas mayores a 60 años a las que más se les solicita parar actividades. Sin embargo, este sector de la población es sistemáticamente vulnerado por el sistema económico excluyente. Muchas de estas personas dependen de los ingresos generados en el día a día para subsistir y atender el llamado a parar sus actividades.
En el país hay 878 mil personas mayores a 60 años. De esas, 490 mil carecen de cobertura en algún sistema de protección social. Una transferencia de $100 implicaría un costo fiscal del $49 millones y existe una base de experiencia logística para su implementación gracias a los programas de Pensión Básica Universal.
Mecanismo de Financiamiento
Para el financiamiento de estas medidas de emergencia será necesario un Acuerdo de Moratoria del 65% de las obligaciones de pago del servicio de la deuda para el ejercicio 2020 con el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Este año debemos pagar $408.2 millones en servicio de la deuda a estas instituciones financieras y un acuerdo de este tipo permitiría liberar del Presupuesto General del Estado $265.3 millones para estas medidas de emergencia.
Panorama Económico 