Como economistas comprometidas y comprometidos con la realidad de las grandes mayorías de El Salvador, manifestamos nuestra preocupación por los riesgos que implica la pandemia del COVID-19 para la salud de la población y, además, la inminente crisis económica y social que conlleva a nivel mundial. De igual forma, vemos con preocupación las acciones de respuesta del sector público en la administración de la coyuntura, principalmente por la falta de planificación y articulación en la ejecución de las mismas.
La actual crisis sanitaria evidencia que en nuestra sociedad existen hogares en condiciones de mayor vulnerabilidad que otros. Esto es, en gran parte, porque el modelo económico del país tiene a su base una estructura económica desigual, que prioriza la generación de ganancias privadas de pocos, por encima de la garantía de derechos de las mayorías.
Lo anterior deriva en problemas tales como la situación crítica de la salud pública, el abandono del sector agropecuario, la débil institucionalidad para la protección social, la precarización laboral, el déficit habitacional, la falta de acceso a bienes y servicios de calidad que son esenciales para la vida como alimentos básicos y agua, o la desigual distribución de los trabajos de cuidado entre hombres y mujeres.
La gestión de la crisis de la pandemia amenaza con precarizar aún más las condiciones de vida de más de 2 millones de personas en El Salvador que viven actualmente en condición de pobreza, en viviendas precarias y subsistiendo del empleo informal.
Reconocemos las medidas económicas que ha tomado el sector público, como la suspensión de pagos y las transferencias monetarias. Sin embargo, estas pueden resultar poco efectivas e ineficientes si no son acompañadas por otras que atenúen las complejidades de las consecuencias, tanto a corto como a mediano plazo.
En ese sentido, proponemos que se consideren las siguientes medidas complementarias:
A corto plazo
- Un plan de focalización de transferencias monetarias y subsidios, en el que la metodología de construcción de la base de datos de personas beneficiadas sea transparente y clara. Así como mecanismos de entrega que tomen en cuenta las capacidades de articulación territorial del Estado.
- Ofrecer alternativas al sector agropecuario para garantizar canales de suministro de alimentos y la seguridad alimentaria de la población. Considerar transferencias directas para el sector campesino y pequeño productor, así como el diálogo a nivel regional para asegurar el abastecimiento y la suficiencia de bienes esenciales (frijol rojo, maíz, arroz y hortalizas). Esto implica acortar las cadenas de distribución entre productores y consumidores y un mayor control de precios de los productos básicos para evitar la especulación y acaparamiento, sugiriendo una fijación de precios extendida a productos de la canasta básica.
- Apoyar el pago de planillas de micro y pequeñas empresas (MIPES), a través de una inyección de liquidez al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) financiada mediante el Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica.
- Que parte de los fondos destinados a los gobiernos locales sea orientado a la habilitación de equipamientos sociales, actualmente subutilizados como albergues temporales, para ofrecer condiciones de habitabilidad dignas a personas en condiciones inadecuadas de vivienda (indigencia, en hacinamiento, sin acceso a servicios, vulnerables a violencia de género, entre otras).
- Todas las medidas adoptadas deben partir del reconocimiento de la desigual distribución de los trabajos del cuidado que se recarga, principalmente, sobre las mujeres.
- Garantizar a los hogares el acceso continuo al agua que, a sabiendas de las carencias del sistema nacional, procure, por lo menos, la suficiente para el uso doméstico (beber, cocinar, higiene personal y de uso sanitario).
A mediano plazo
- Alternativas al sector agropecuario y seguridad alimentaria, con un mayor apoyo financiero y acompañamiento técnico a agricultores, priorizando los granos básicos y hortalizas, que se orienten a mejorar la producción, en el horizonte de la soberanía alimentaria.
- Retomar una discusión de país sobre el Sistema de Protección Social Universal, ampliando y agilizando las consultas sociales para la elaboración del Plan Social que mandata la Ley de Desarrollo y Protección Social.
- Impulsar espacios amplios de discusión ciudadana para un Acuerdo Fiscal de país, para robustecer los recursos del Estado, desde la progresividad y la igualdad, desarrollar políticas sociales para las grandes mayorías, que respondan de manera más efectiva a coyunturas de crisis en el futuro, y solventar los niveles de déficit fiscal posterior a la crisis.
- Retomar instrumentos impositivos (como el impuesto predial) para detener el juego de la especulación de precios con la tierra y la vivienda en general, el cual solo favorece los intereses de agencias inmobiliarias y propietarios privados.
- Retomar la revisión del documento base y generar las condiciones para la pronta aprobación de la Política Nacional de Corresponsabilidad Social en los Cuidados de El Salvador, la cual permitiría transversalizar un enfoque de equidad de género a la formulación e implementación de políticas públicas.
- Fortalecer los mecanismos de integración regional para enfrentar choques externos de manera más contundente. Esto implica la articulación y la implementación de las políticas y estrategias regionales vigentes.
Para continuar discutiendo las propuestas anteriores con mayor detalle, solicitamos que el gobierno abra los espacios para debatir de manera inclusiva los temas que afectan a las mayorías salvadoreñas, para así construir soluciones inmediatas y de mediano plazo que puedan garantizar Derechos Humanos.
Esta crisis nos abre el debate sobre los problemas de fondo del modelo actual. Un debate que debe ser promovido desde la solidaridad, la empatía y la responsabilidad. Exige que el Estado planifique respuestas y trabaje medidas en diálogo con iniciativas colectivas que provengan de la sociedad.
Reiteramos nuestro compromiso y nos ponemos a la disposición para generar propuestas y aportes en materia de política económica, que se acople a la labor que otras organizaciones y sectores están realizando y, aportar al país para superar la crisis que enfrenta,
Por la construcción de una sociedad justa, inclusiva y solidaria. Suscribimos,
| Iliana Álvarez Escobar Catedrática e investigadora UCA | Natalia Quiñónez Universidad Católica de Lovaina | José Luis Magaña Rivera Panorama Económico |
| Catalina Galdámez Doctoranda en Economía | Gonzalo Aguilar Riva Catedrático e investigador | Luis Ernesto Vargas Claros Maestro en Economía, RRNN y Desarrollo Sustentable |
| Tatiana Marroquín Economista | Julius Durán Máster en Políticas Públicas | Meraris Carolina López Díaz Catedrática e investigadora UCA |
| José Alejandro Álvarez Ramírez Catedrático e investigador UCA | Lorena Valle Cuéllar Economista e Investigadora | Laura Pacheco Economista |
| José Rafael Alas Economista | Alejandra Quintanilla Economista | Marcela Escobar Catedrática e investigadora |
| Armando Álvarez Catedrático e investigador UCA | Saira Barrera Catedrático e investigador UCA |
Panorama Económico 