Hasta 2009, en El Salvador se habían concesionado cerca de 897.47 km2 para la exploración minera en los departamentos de Chalatenango, Santa Ana, Cuscatlán, Cabañas, San Miguel, Morazán y La Unión (Castillo, G. ét al, 2009):
1. El departamento de Santa Ana contaba con cinco licencias de exploración y una concesión minera otorgada al proyecto El Zapote (Cerro Colorado lll) cuyo titular es Minera Atlas, S.A. De C.V., corporación: SILVER CREST MINES, INC, investigado en 1998 por INTREPID MINERAL CORP.
2. El departamento de Chalatenango cuenta con cinco licencias de exploración otorgadas a las corporaciones de INTREPID MINERALS CORP + MARTINIQUE MINERALS, y CERRO COLORADO S.A. (PACIFIC RIM CORP.), corporaciones pertenecientes a Canadá y Australia
3. El departamento de Cabañas contaba con 6 Licencias de exploración cuyos titulares son Minerales Morazán, S.A. de C.V., Pacific Rim El Salvador, S.A. de C.V. y Dorado Exploraciones, S.A. de C.V. el origen de estos titulares son Australia y Canadá
4. En los departamentos de Morazán y San Miguel se encuentran distribuidas ocho licencias de exploración otorgadas por el MINEC cuyos titulares son Minerales Morazán, S.A. de C.V., Monte y 12 Selva, S.A., Triada, S.A. de C.V. y Brett Resources El Salvador, S.A. de C.V
5. Dentro del departamento de La Unión se ubican los proyectos distribuidos en San Sebastián dentro del cual se encuentran: proyecto nueva esparta y proyecto San Sebastián; y Santa Clara ubicando dentro de el Cerro Bonito y Jicaras Largas, cuyos titularse son Commerce Group Corp. y Brett Resources El Salvador, S.A. de C.V., cuyo país de origen son EE.UU. y Canadá.
Investigaciones han demostrado el daño ambiental provocados por las actividades mineras en la zona nororiental del país (sur del departamento de Morazán y norte de San Miguel y La Unión), donde una decena de ríos están envenenados con cianuro, mercurio, cadmio y otros metales pesados que causan insuficiencia renal, cáncer y otras enfermedades mortales a los pobladores de la zona. Además, los perjuicios que ya están generando las exploraciones mineras de Pacific Rim en el departamento de Cabañas, donde las perforaciones profundizan mantos acuíferos, secan nacimientos y dejan sin el vital líquido a centenares de familias. Esta empresa también ha provocado drenaje ácido en el Cerro Colorado y otros sitios de Metapán, en el occidental departamento de Santa Ana
El proceso de tramitación de la concesión de la licencia de explotación del proyecto de minería metálica de El Dorado, en el Departamento de Cabañas, región que se encuentra a 75 kilómetros de la capital del país, San Salvador, suscitó una movilización popular que ha permitido que la problemática de la minería metálica en el país trascienda a la opinión pública.
El impacto medioambiental en los territorios, sobre todo en la zona noroeste del país generó un proceso de conflictividad, donde la resistencia comunitaria logró detener el ritmo de las perforaciones y obliga al Estado salvadoreño a retroceder en los permisos otorgados a Pacific Rim, luego Oceana Gold. A partir de entonces la lucha en los territorios se vuelve más agresiva. Líderes comunitarios son amenazados. El 18 de junio de 2009, Marcelo Rivera, integrante de los ambientalistas que se oponían a la minería es desaparecido y fue encontrado sin vida, con evidencias de tortura. A él se le suman Ramiro Rivera y Dora Sorto como víctimas mortales de los ataques de la minera.
En 2009, cuando la empresa pidió permisos de explotación de la mina, el Estado se los negó y la empresa acudió al tribunal del CIADI, donde demandó al Estado salvadoreño por $301 millones en compensación por parte del gobierno de El Salvador, ya que estima que esas son las pérdidas que ha tenido por la suspensión de sus inversiones en el país.
En el año 2012 el CIADI resolvió que Pacific Rim, no podía ampararse bajo el Tratado de Libre Comercio entre Centro América, República Dominicana, y Estados Unidos (CAFTA-DR por sus siglas en inglés). Sin embargo la demanda prosiguió bajo el Capítulo 15 de la Ley de Inversiones de El Salvador.
En consecuencia y siguiendo el proceso legal, se dio inicio el juicio en la sede del Banco Mundial en Washington, donde el CIADI valora las pruebas que presentan los equipos legales de la defensa, que es El Salvador, y la demandante, la empresa minera Pacific Rim, que ahora es propiedad de Oceana Gold.
El CIADI le dio la razón a El Salvador en octubre de 2016 y ordenó a la compañía pagarle US$8 millones al Estado por los costos del litigio. A finales de marzo 2017 determinó que la firma debe también abonar los intereses de esa deuda.
Desde 2005 se presentan por lo menos seis iniciativas para la prohibición de la minería metálica, sin embargo no habían tenido empuje por el parlamento. Ante eso, comunidades y alcaldías municipales realizaron consultas populares sobre la explotación minera, como parte de la resistencia a los nocivos proyectos extractivos que causarían graves daños ambientales, sociales y económicos en el país. Entre las primeras comunidades que llevaron estas acciones fueron Arcatao, San José Las Flores, Nueva Trinidad, San Isidro Labrador y Cinquera, municipios donde la población se expresó contundentemente en contra de la minería metálica: más del 95% votó por el NO a la extracción de metales del subsuelo nacional.
A partir de la presión popular, la lucha territorial y el impulso de la iglesia católica a finales de 2016, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en marzo de 2017. La prohibición incluye las actividades de exploración, extracción, explotación y procesamiento a cielo abierto y subterráneo, y también impide el uso de químicos tóxicos en cualquier proceso de minería metálica.
Más información
Castillo, G.; Campos, A.; Díaz, D. (2009). La explotación minera y sus repercusiones ambientales en la mina El Dorado, municipio de San Isidro, Cabañas. Universidad de El Salvador.
http://mimundo.org/pubs_mimundo/Libro-MineriaMetalesOxfam.pdf
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