El tema de una creciente deuda, tanto para el sector público como privado, se encuentra presente en la mayoría de las economías. Luego de la crisis global de la década de 1970, la dinamización de las economías se ha desarrollado en base a la deuda –con todos los mecanismos del sistema financiero derivado de esta– y el estancamiento de los salarios reales.
Es así que, a partir de la década de 1970, el mundo comienza una etapa de transnacionalización de sistemas productivos y financieros basados en la liberalización y desregulación, apalancados por estos instrumentos de deuda. Dichos mecanismos se siguieron expandiendo y han generado inestabilidad de la economía mundial, como lo muestran las recurrentes crisis financiaras (Magaña ét al, 2014). Para el segundo trimestre de 2018, la deuda ya supera en más del 250% el PIB de la mayoría de las economías avanzadas y el 180% de las economías emergentes.
Para El Salvador, que en ese periodo histórico afrontaba un periodo de alta conflictividad social, la ola de reformas se implementó en la medida que se consolidaba un proyecto hegemónico que rompía con las bases agroexportadoras dentro de la élite económica.
De este modo, el modelo socioeconómico posguerra, respondió a los intereses de las élites más articuladas con el capital financiero y el capital transnacional que buscaba unas condiciones más homogéneas con otras economías de maquila. La abundante fuerza de trabajo de baja cualificación permitía mantener bajos salarios y se comenzó una desarticulación de las funciones del aparato estatal. Esto se marca de manera más clara con la implementación de los Programas de Ajuste Estructural (PAE) y Programas de Estabilización Económica (PEE).
Se pueden identificar cuatro tendencias de la economía salvadoreña desde las reformas de los PAE y PEE que dieron el inicio a la construcción del neoliberalismo en el país.
En primer lugar, la apertura del mercado con exportaciones de bajo valor agregado que son competitivas a partir de salarios bajos y exenciones fiscales. En segundo lugar, la completa liberalización de la cuenta de capitales de la balanza de pagos que ha facilitado que el país sea un exportador neto de capitales, es decir que los flujos de divisa que salen del país son mayores a los que entran. En tercer lugar, la terciarización de la economía doméstica, es decir, el empuje de la economía en sectores de servicios en detrimento de la producción agrícola o industrial, combinado con los demás factores esto se vuelve un círculo de bajo crecimiento. En cuarto lugar, el bajo crecimiento y alta dependencia externa llevan al país a una situación donde la deuda se vuelve el mecanismo de sostén de la economía.
Con estas reformas se abrieron los mecanismos bajo los que se buscaba apostar a la promoción de exportaciones con IED en rubros de bajo valor agregado y salarios bajos. Gran parte de estos mecanismos se dieron a partir de la técnica tributaria. Se realizaron reformas para descargar impositivamente a las grandes fortunas y capitales, con la eliminación de impuestos como el patrimonial, y la carga impositiva se colocó sobre los hogares con una estructura tributaria cargada en los impuestos que gravan el consumo, como el IVA.
Además, bajo la premisa de la ineficiencia burocrática se traspasaron al sector privado bienes públicos con trayectoria rentable. Por ejemplo, se privatizaron empresas en sectores estratégicos como distribución eléctrica y comunicaciones, que tenían una tasa bruta de ganancia del 65.07% y 180.35%, respectivamente (Aguilar, 1995).
Se privatizan también los fondos de pensiones y generan un problema fiscal que se viene arrastrando con un sistema previsional social y financieramente insostenible para la clase trabajadora y el Estado. No obstante, el monto de las utilidades obtenidas en el período 2000/2014 les permitió a las AFP recuperar el capital social invertido 8.8 veces, lo cual equivale a una rentabilidad anual promedio de 59%; indicador que no se repiten en ninguna otra actividad económica.
La búsqueda por atracción de inversiones impulsó también esquemas fiscales de exenciones para estimular determinados sectores económicos. Esto se constituye en un flujo de ingresos que el Estado deja de percibir por las actividades que empresas transnacionales realizan en el territorio, a esto se le denomina Gasto Fiscal y constituye, en la práctica, un subsidio al capital transnacional.
Gran parte de los beneficios fiscales han sido absorbidos por sectores que no compensan las supuestas ventajas de la inversión. Las leyes de zonas francas, por ejemplo, ha estimulado un sector maquilero textil de muy poco valor agregado, que para ser internacionalmente competitivo se fundamenta en la sobre explotación de la fuerza de trabajo. Es decir que el Estado está subsidiando a algunas empresas bajo una lógica de compensación por externalidades, que no se han reflejado en empleos de calidad, mayor valor agregado o mejoras de ciencia y tecnología que potencie la productividad.
En este marco de apertura, se dolariza la economía con el fin de facilitar las transacciones internacionales y disminuir los riesgos cambiarios para agilizar los movimientos de estos capitales transnacionales. Esta medida constituyó, sin embargo, un mecanismo para asentar un modelo exportador de capitales con mayores facilidades en la región para circular capitales hacia paraísos fiscales y empresas off shore como forma de ocultar transacciones ilícitas o evadir impuestos (Arias, 2017).
Luego de estas reformas, la consecuencia lógica es un Estado desfinanciado para llevar a cabo programas que, por lo menos, sean capaces de paliar los efectos de un modelo que amplía las brechas distributivas y, como efecto, profundiza la polarización y concentración del poder para la toma de decisiones.
De modo que, tanto para el sector privado como el público, la deuda se ha convertido en el mecanismo para paliar los efectos de los problemas estructurales generados por el modelo socioeconómico posguerra. La deuda privada alcanza los $18,877.4 millones para 2018 (cifra preliminar), equivalente al 73.4% del PIB. Para los hogares, los $7,412.9 millones de deuda representan una forma en que, junto con el trabajo no remunerado y el flujo de remesas, se compensa el ingreso debido a los bajos salarios. La deuda de las empresas, que constituyen también los deudores de la deuda externa privada, totaliza $11,464.42 millones.
La deuda pública se ha mantenido estable alrededor del 52% del PIB desde 2009 para el Sector Público No Financiero (SPNF). Sin embargo, la privatización de las pensiones ha supuesto una creciente presión de endeudamiento público, que pasó del 0.8% del PIB desde la creación del FOP en 2006 hasta el 19.1% del PIB en 2018. En total, la deuda país alcanza los $37,278.6 millones, equivalentes al 144.9% del PIB. Además, es preciso considerar la deuda futura que supone mantener el sistema previsional, que se estima entre los $12,092.1 millones y los $14,578.9 millones hasta 2050, según el informe final de la valuación actuarial en el Ministerio de Hacienda.
Referencias
- Aguilar, J. (1995). Privatización de las telecomunicaciones y de la distribución de energía eléctrica. Alternativas para el Desarrollo #30, pág. 17-23.
- Arias, S. (2017). El regreso del colón. San Salvador: ADESES.
- Banco Central de Reserva (varios años). Revista Trimestral. San Salvador: GOES.
- Bank of International Settlements (2018). Statistical Bulletin December 2018. Basilea: BIS.
- Ministerio de Hacienda (varios años). Informes de gestión financiera. San Salvador: GOES.
- Magaña, J., Gavidia, F., Méndez, K., y Montenegro, B. (2014). Contribución empírica al debate teórico sobre el origen de la crisis capitalista desde distintas perspectivas. Realidad N° 141, San Salvador: UCA.
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