Carta Abierta | Por una discusión responsable de las pensiones

Esta semana se hizo pública la resolución del Instituto Previsional de la Fuerza Armada (IPSFA), para otorgar una pensión de retiro por un monto mensual de $3,154.60 y un fondo de pensión de $94,638 a Fabio Colindres, Obispo Castrense en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. También, unas desafortunadas declaraciones, vía Twitter, del Presidente de la República, Nayib Bukele, evadiendo la responsabilidad del Ejecutivo en el tema previsional.

Estos elementos vuelven a colocar la discusión del tema de pensiones en la agenda pública, destacando las inequidades de los sistemas previsionales actuales, la irresponsabilidad institucional en el abordaje del problema y la desinformación generada alrededor del tema.

En El Salvador coexisten varios sistemas de pensiones. Las Fuerzas Armadas tienen su propia institución de pensiones, el IPSFA, que regula las prestaciones según sus estándares propios. Por ejemplo, da una pensión del 100% del salario básico regulador después de 30 años de cotización. Una prestación que contrasta con la forma de cálculo del sistema privatizado de pensiones, controlado por las AFP desde la reforma de 1997, que calcula la pensión sin tomar en cuenta el salario devengado.

Desde la reforma privatizadora de 1997, los descuentos que se hacen al salario, que realmente constituyen salarios diferidos, pasan a manos privadas y, por tanto, una porción del valor de la fuerza del trabajo, además de la explotación del plusvalor, se vuelve ahora un fondo de acumulación de rentabilidad para el gran capital.

Desde la privatización de las pensiones el Estado ha subsidiado el funcionamiento de las AFP, a través de trasferencia de impuestos, o endeudamiento público, cuyo financiamiento proviene de lo que los hogares pagan de impuestos como renta de sus ingresos, o el IVA pagado en cada una de sus compras.

Actualmente, quien recibe un salario de $500 tendrá un descuento de $36.25 de su salario y la patronal aportaría $38.75. De esto, que suma $75, a su ahorro individual irían $40, al fondo colectivo $25 y las AFP se quedarían con $10 cada mes. Al final de los 30 años, aún con el aporte del gobierno tendrá derecho a una pensión aprox. de $215.63, mientras la AFP habría ganado $3,702.94.

Esto, solamente para 1 de cada 3 personas ocupadas que cotizan, para el resto, no existe sistema previsional al que exigirle el derecho a un retiro digno. Una situación que afecta particularmente a las mujeres, quienes generalmente asumen el Trabajo de Cuidados de los hogares de forma no remunerada y no reconocida socialmente como trabajo y cumplen edades de retiro sin ningún tipo de protección social.

Es, por tanto, no solamente una lucha de quienes actualmente cotizan al sistema de pensiones. Se trata de una confrontación del gran capital, con los intereses de los sectores más excluidos.

La discusión sobre el sistema de pensiones es una discusión política, que tiene que ver con la fuerza organizativa de la clase trabajadora para defender sus derechos y no una discusión cerrada a un cónclave de técnicos.

Cualquier intento de reforma o creación de una nueva Ley de Pensiones debe tener la participación real de trabajadoras y trabajadores, organizaciones sindicales, campesinas, de mujeres, de juventudes, de artistas, de profesionales, que asegure una discusión responsable, en la que el interés sea la desmercantilización de un retiro digno, desde una visión de justicia, solidaridad y universalidad.

Es necesario abordar la discusión con responsabilidad. Los Sistemas de Protección Social son espacios que brindan una red mínima para asegurar el derecho a una vida digna. La institucionalidad del Estado debe estar en función de velar porque se cumplan, con planes concretos y financiados, presentando las reformas de ley necesarias y creando los espacios de Participación Ciudadana para construir una verdadera gobernanza democrática.

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